El proceso es el siguiente: el día de la oposición los aspirantes a profesores esperan sentados a que una mano inocente extraiga de la urna tres bolas numeradas (en el caso de que haya 30 temas); cada número corresponde a un tema de los estudiados y el opositor tendrá que escribir sobre uno de ellos. Unos 100.000 aspirantes pasan cada año por estos exámenes. Pues bien, el Gobierno quiere desterrar la bolita de la oposición, y con ella, el azar como elemento fundamental de la prueba. En su lugar, los opositores tendrán que contestar 10 o 15 preguntas cortas, según el borrador de real decreto en el que está trabajando el Ministerio de Educación. "Sacar tres o cuatro bolas y elegir una concede, con un número limitado de temas, muchas posibilidades de superar esta fase sin demostrar un conocimiento de todo el temario", explica el director general de Formación Profesional, Miguel Soler.
Las principales novedades son que ahora los aspirantes tendrán que aprobar una fase de prácticas de un año en un colegio o un instituto públicos. Y después demostrar ante un tribunal que sabrían afrontar con éxito un problema o caso que se presentara en ese centro. Pero antes de todo esto estará la fase de concurso-oposición, donde se valoran los méritos y la experiencia.
Así pues, al primer examen escrito, ahora sin bolita, se sucede uno práctico sobre los contenidos del área en la que se presentan (Lengua, Matemáticas, Ciencias, etcétera). Ambos, que puntúan del 0 al cinco, se aprueban sacando al menos un 2,5. Si se saca al menos esa nota en los dos, se pasa a la siguiente fase.
Se trata de una prueba sobre las capacidades pedagógicas y didácticas. En ella, los aspirantes tendrán una hora para preparar y exponer un supuesto práctico. El tribunal le dará tres opciones que tengan que ver con alguna situación a la que podrían enfrentarse en sus futuras clases. Esta parte se puntúa de 0 a 10 y se pasa con un cinco.
Los que aprueben llegan a la fase del concurso, que consiste en sumar a la nota media obtenida los puntos que le correspondan por su experiencia previa, las notas de la carrera y la formación extra, por ejemplo, en idiomas. El borrador de decreto reduce la ventaja que tenía la experiencia profesional sobre los otros méritos. Y se prima la nota media de los estudios y un buen nivel de idioma. Los méritos cuentan un máximo de 3 puntos, para evitar que los recién titulados, sin experiencia, estén en franca desventaja respecto a los interinos con años de docencia acumulados. "Un aspirante que saque más de un 8 de media en las dos primeras pruebas no podrá ser superado por un interino que saque un 5, por mucha experiencia docente que este tenga", explica Soler.
En el sistema actual, que se instauró de forma transitoria en 2006, se daba una serie de ventajas a los interinos para reducir las grandes bolsas que se habían formado con estos trabajadores en algunas comunidades. Pero este sistema nació con fecha de caducidad, que se cumple este año.
Pasadas todas estas fases, se llega a la práctica, la gran novedad. Si en la convocatoria se ofertan 50 plazas, los 50 primeros trabajarán durante un curso completo en un centro escolar. En ese tiempo, dedicarán la mitad de la jornada a impartir clase a los alumnos, y la otra mitad a las actividades de formación que diseñe el colegio o instituto. Al final del año, el aspirante deberá recibir el visto bueno (apto o no apto) de una comisión formada por un representante del departamento del que haya formado parte, otro del consejo escolar, el tutor de prácticas, el director y el inspector educativo del colegio.
Quienes tengan experiencia docente previa se podrán ahorrar este año de prácticas. Pero todos tendrán que hacer una prueba final ante un tribunal en la que defenderán la memoria didáctica de su trabajo durante el curso y prepararán y presentarán una propuesta de actuación sobre un supuesto práctico que le proponga el tribunal teniendo en cuenta el contexto social y organizativo del centro donde hayan trabajado. El que suspenda, podrá repetir la prueba solo una vez. Si vuelve a catear, perderá la plaza. Así, se endurece esta fase de prácticas que, aunque ahora ya existe, es más corta y suele ser un puro trámite burocrático.
La cuestión ahora será qué opinan de todos estos cambios los sindicatos y las comunidades autónomas (sobre todo las gobernadas por el PP), pues el Gobierno tiene muy poco tiempo para negociar y aprobar el real decreto.
